El nuevo impuesto a las emisiones de CO2 que la Generalitat de Catalunya plantea imponer a la industria puso en pie de guerra a las empresas. Desde las eléctricas a las grandes compañías manufactureras del territorio levantaron la voz ante un tributo que, aseguran, ya pagan a la Unión Europea y que para ellas solo traerá deslocalización de inversiones. El propio govern admite que es un punto a resolver, pues asume que la medida puede dañar la competitividad de las compañías de Cataluña.
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