Pero el caso de Gabriel tiene una particularidad extra al tratarse de un ciudadano rumano, un país de la Unión Europea. La ley de extranjería en vigor sí permite la expulsión de España de ciudadanos comunitarios, pero no su internamiento en un CIE. Para José Javier Ordóñez, abogado de Migrastudium, el servicio jesuita a migrantes, el caso “es el colmo de la injusticia dentro de un centro injusto como ya es el CIE”. “Es excepcional y no tiene cobertura legal”, insiste el letrado.
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