La obligatoriedad de que las multinacionales informen con carácter público de impuestos y otros parámetros país por país seguirá siendo una reclamación de la ciudadanía. Tampoco el G20 ha decidido crear registros públicos sobre la propiedad última de las empresas que se utilizan para la elusión fiscal. Un informe publicado por Eurodad hace dos semanas desvela la competencia entre Estados, incluido España, para conseguir el dinero transnacional.
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