Pilar Ocaña, exempleada de la Universidad de Granada, decidió denunciar a un docente que ordenó poner sobresaliente a una alumna que ni siquiera se había presentado al examen. Ni el rector, ni el decano, ni el inspector de servicios ni el jefe del gabinete jurídico ordenaron acción alguna pese a que contaban con las mismas pruebas con las que luego el Tribunal Supremo inhabilitó al profesor y a otra administrativa. La investigación interna que abrió el centro público acabó sin consecuencias, mientras la funcionaria pagó los costes del juicio.
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