Armando Lorenzo, responsable según el escrito fiscal de ofrecer ayuda administrativa a mujeres extranjeras en situación irregular que ejercían la prostitución abusando de su posición de Guardia Civil y solicitando a cambio favores sexuales; así como de informar a los dueños de los burdeles implicados de inspecciones policiales en sus locales recibiendo por ello contraprestaciones económicas. Solicita cuatro años de cárcel para el cabo Armando Lorenzo, nueve meses para el brigada Baquero y multas para los tres proxenetas procesados.
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