Las sanciones administrativas por este tipo de delitos pueden llegar a los 60.000 euros y las penales contemplan de seis meses a tres años de prisión. Además, está completamente prohibido acercarse a los yacimientos con detectores de metales y únicamente profesionales de la arqueología con autorización pueden acceder con este tipo de herramientas ya que la destrucción de información histórica es “irreversible y un paso en falso puede destruir el trabajo de años”.
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