La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel respecto a cada una de las tres personas acusadas de un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación, por una ayuda de 50.000 euros concedida a una empresa hotelera de Cádiz mediante el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las ayudas arbitrarias incentivados con fondos de la Junta de Andalucía.
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