La Fiscalía de la Audiencia Nacional española reclama una pena de siete años de prisión para tres jóvenes de Errenteria –que ya pasaron ocho meses presos– y uno de Beasain imputados por los unos incidentes acontecidos al término de una manifestación que tuvo lugar en Iruñea el 11 de marzo de 2017. Les atribuye «desórdenes públicos terroristas».
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