El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha puesto bajo la lupa al Ayuntamiento de Murcia, gobernado por un acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos. La UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) quiere dilucidar si los procesos de adjudicación de servicios y suministros del Consistorio se atienen, o no, a la legalidad; por lo que han solicitado al Consistorio los contratos salientes desde 2015 hasta la actualidad de las concejalías de Turismo, Descentralización, Contratación y Cultura.
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