Una pareja la obligó a mantener relaciones sexuales para que se quedara embarazada a cambio de 20.000 euros y así ahorrarse el gasto de la inseminación artificial. El procedimiento se encuentra en fase de instrucción judicial y la Fiscalía se plantea calificar los hechos, además de como constitutivos de un delito de agresión sexual y otro de detención ilegal, de un tercero de trata de seres humanos, aunque reconoce la dificultad a la hora de "encajar la conducta en la gestación subrogada".
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