Anticorrupción sostiene en su escrito que la expresidenta madrileña y ex altos cargos del PP de Madrid pagaron con dinero público servicios que buscaban mejorar su reputación. El juez Manuel García-Castellón no utilizó esta expresión al justificar la imputación de la exdirigente popular el pasado lunes, pero la duda sobre si Aguirre se benefició a título personal del presunto desfalco ya sobrevuela el caso.
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