Juan Carlos I fue inviolable durante sus casi cuarenta años de reinado, es decir, estaba exento de rendir cuentas a la justicia. En el 2014, tras su abdicación a favor de su hijo Felipe, perdió tal condición y pasó a ser aforado ante el Tribunal Supremo, lo que significa que sólo podría ser juzgado por el máximo órgano judicial español. Además, no se le podría acusar de nada que hubiese hecho durante su reinado.
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