La denuncia de diez trabajadores migrantes, empleados en varias fincas rurales en ayuntamientos próximos a Santiago de Compostela, destapó una trama de explotación y estafa de peones agrícolas. La Guardia Civil acabó acusando a un empresario gallego por "detención ilegal, amenazas, tenencia ilícita de armas y contra los derechos de los trabajadores". Pero la causa ha tropezado con un hecho inesperado: el Ministerio Fiscal se ha ausentado del procedimiento. Ni siquiera tomado parte en la declaración de las personas perjudicadas.
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