Cuando 'Público' reveló en exclusiva las conversaciones conspirativas entre el ministro del Interior y Daniel de Alfonso, ex director de la Oficina Antifrau catalana, ambos clamaron que se trataba de una grave y delictiva vulneración de su intimidad. Pero ni ellos como particulares ni la Fiscalía como acusación pública han querido judicializar el tema. En cambio, las pesquisas han sido trasladadas a la misma DAO que montó la 'brigada política'.
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