Se trata de una trama que presuntamente habría podido facturar de forma irregular más de 25 millones de euros durante una década en el Hospital Provincial de Castellón, en concreto entre los años 2006 y 2015, por tanto con la responsabilidad desde la Generalitat de consellers como Vicente Rambla, Rafael Blasco, Manuel Cervera, Luis Rosado y Manuel Llombart y desde la Diputación de Castellón de su actual responsable, Javier Moliner y, sobre todo, de su antecesor Carlos Fabra que, en la práctica, ha regido los destinos de ese hospital.
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