La decisión de Teresa Ribera de impagar los laudos que condenan a España a indemnizar a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables sigue generando quebrantos al erario público. Según los afectados, la deuda acumulada por nuestro gobierno ronda los 1.880 millones de euros y se sitúa al menos 316 millones por encima de lo que habría pagado nuestro país en caso de haberse ceñido a cumplir con lo dispuesto en los más de 25 procedimientos que dan la razón a los denunciantes.
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