Con un déficit en el 14% por el inmenso gasto provocado por la crisis sanitaria y socioeconómica, además de por la aprobación del ingreso mínimo vital, el Gobierno propone un desembolso de 6.000 millones para dependencia. El problema de raíz de esta iniciativa de Irene Montero no es su oportunidad, pues parece indiscutible que hay que reforzar el Estado del bienestar, sino la fragilidad de una economía que lleva dos cursos sin aprobar sus Presupuestos, mientras se mira a Europa como fuente de un maná todavía incierto.
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