El rechazo social que encuentran los desertores de la yakuza (bōryokudan) los está abocando a cometer delitos todavía más graves que los que venían perpetrando. La emisión de ordenanzas anti-yakuza desde 2010 está haciendo que muchas personas estén abandonando estos grupos criminales. No obstante, estas personas encuentran una fuerte discriminación dentro de las empresas.
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