Desde que el exministro Alberto Ruiz Gallardón impuso el pago de tasas judiciales a personas físicas y jurídicas, en diciembre de 2012, hasta el mes de febrero pasado, cuando el actual ministro de Justicia Rafael Catalá echó para atrás la norma impuesta por su predecesor, el Estado ha acumulado por dichas tasas más de 639 millones de euros.
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