Se calcula que hay más de un millón de potenciales beneficiarias, afectadas por el pago indebido tras recibir la prestación e incluirla en su declaración de la renta como prestación por maternidad entre 2014 y 2017, y que ahora Hacienda tendrá que devolver, cuantía que el sindicato UGT ha estimado en 1.300 millones de euros.
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