Resulta que en España los delitos que afectan a las numerosísimas víctimas de una dictadura brutal y sanguinaria, sí prescriben. Así lo certificó el Tribunal Supremo en su sentencia de 2016 por la que absolvía al exjuez Garzón y que volvió a repetir en 2021 en su auto sobre el asesinato de los maestros de Soria. Y lo ha confirmado el Tribunal Constitucional al no aceptar los recursos presentados por los querellantes contra delitos como torturas y desapariciones forzadas, que solicitaban que se hiciera efectivo el derecho a la tutela judicial.
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