Esquerra exige una «reforma profunda» del estamento judicial al considerar que se ha producido una actuación concertada entre el Gobierno español y los tribunales ajena a la separación de poderes que debería regir un Estado de Derecho. Finalmente, los republicanos piden para Cataluña un «fondo de reparación» de 1.800 millones de euros para compensar los efectos económicos que supuso la intervención de la Generalitat.
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