Durante esos años, aprovechándose de su condición de presidente, se apoderó de 11.435 euros de la cuenta que la comunidad de propietarios tenía abierta en la entidad Liberbank. El acusado estaba autorizado para disponer del dinero por razón de su cargo. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de administración desleal y solicita que se condene al acusado a dos años de prisión, al abono de las costas procesales y pago de una indemnización de 11.435 euros a la comunidad de propietarios perjudicada.
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