De forma resumida, el permiso para continuar con su explotación terminaba en 2018, pero dos años antes, en 2016, el Gobierno entonces en funciones de Mariano Rajoy concedió a la empresa una prórroga por 60 años más a cambio de una serie de compromisos de inversión. Ahora ese aplazamiento está en cuestión después de que el pasado mes de marzo la Abogacía del Estado decidiera allanarse, es decir, no defender la prórroga que el propio Estado había concedido dos años atrás.
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