Sobrecoge saber que, por iniciativa de una entidad financiera o una orden administrativa, se ejecute el embargo de la ayuda de emergencia social recibida por una madre de 16 años que percibióuna pequeña cantidad para cubrir necesidades de su bebé. También que el banco cobre a una familia sin recursos los plazos de un microcrédito con cargo a la prestación de 350 euros que recibe su hijo discapacitado. Tan indecente como el que una pequeña deuda obligue a abandonar los estudios a un joven tras desaparecer de su cuenta la escuálida beca salario.
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