La patronal que aglutina a las principales compañías eléctricas españolas propone recortar de 10 kW a 5 kW el acceso al PVPC (Tarifa regulada por el gobierno) y que sólo la puedan contratar las personas físicas. De este modo, las pequeñas y medianas empresas tendrían que ir obligatoriamente al mercado liberalizado, que hoy por hoy, mantiene unos precios más elevados que el regulado. Así como prácticamente todos aquellos consumidores que residan en una vivienda unifamiliar o dispongan de sistemas de calefacción eléctrica.
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