En el documento base para la negociación con Bruselas, el Gobierno establece que la compensación al gas (esto es, su precio real, por encima del tope) se prorrateará entre el resto de energías y lo pagará “la demanda”, es decir, las comercializadoras, que podrán trasladarlo a los clientes. Las empresas han arremetido contra una medida que dicen van a trasladar a sus clientes en el mercado libre, cuyos contratos incluyen cláusulas de revisión en el caso de cambios regulatorios del Gobierno. Tales cláusulas no existen en la tarifa regulada.
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