«He tenido que vivir una pensión de viudedad de 130€ y una de jubilación de 2,65 euros». Con estas palabras Angelita, una pensionista asturiana retornada, clama contra el abandono que sufre el colectivo por parte de las autoridades venezolanas, que llevan desde 2016 sin transferir las pensiones de estos retornados, un gobierno venezolano que ni siquiera ha realizado ningún pronunciamiento oficial sobre este abandono de sus obligaciones, dejando desamparados a multitud de pensionistas que se han visto en la obligación de buscarse la vida.
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