La semana pasada la Xunta de Galicia aprobó mantener la gestión privada de cuatro residencias de mayores de propiedad pública. Dos de ellas han recibido duras sanciones por parte de la propia Xunta en los últimos años: el centro Concepción Arenal en A Coruña y el centro Bande, por su dotación de personal y obstáculos a las inspecciones.
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