La Guardia Civil requisó los expedientes de la privatización y posterior adjudicación de los contratos y de donde habrían salido presuntamente las comisiones ilegales.Los presuntos delitos estarían prescritos pero no el de blanqueo de capitales al intentar recuperar capital.Más de una decena de empresarios se repartieron el mercado valenciano de la inspección de vehículos pese a que la empresa pública era rentable..
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