La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 360 euros a un empresario y un intermediario como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores cometido al reclutar a inmigrantes en situación irregular que percibían un euro por caja de limones recolectados.La sentencia indica que los acusados reconocieron los hechos al inicio de la vista oral y se conformaron con cumplir la pena acordada por el fiscal del caso y sus defensas.
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