Se trata de un recurso de atención gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, la misma entidad investigada por la Fiscalía Anticorrupción tras hallar indicios de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil. Más allá de la querella presentada por Anticorrupción, Siglo XXI ha estado antes en el ojo del huracán por supuestos casos de explotación sexual, intimidación, agresiones y racismo en sus centros de Gran Canaria.
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