En China, los oficiales de seguridad pública encierran a las personas en manicomios por dinero o para evitar la molestia de los procedimientos legales, sometiéndolos a años de tortura. Si una persona presenta una petición ante el Gobierno porque su casa fue demolida para dar paso a la construcción de un nuevo edificio, los contratistas sobornan a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y les piden que arresten a la persona en cuestión. Por aproximadamente 600 000 yuanes (más de 85 000 dólares), la persona es encerrada en un hospital
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