Elaborada por la Comisión Europea, a petición, y con la ayuda considerable, de unas pocas empresas multinacionales, este texto ha causado mucha preocupación y oposición entre los ciudadanos europeos, los sindicatos y las ONG. Las empresas sólo tendrán que demostrar que no autorizaron la adquisición, uso o publicación del secreto comercial en juego, mientras que las personas procesadas deberán demostrar que han actuado de una manera que se encuentre en una de las excepciones.
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