La Operación Solarmouse comenzó en 2016 tras producirse un incremento considerable en los robos perpetrados en las fincas rurales que instalaban dispositivos de placas solares, levantándose una gran alarma social debido al gran valor de los efectos sustraídos, por lo que desde la Guardia Civil se intensificó la vigilancia de las zonas afectadas, aumentando el número de patrullas uniformadas y de agentes de paisano.
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