Según explica Rubio, abogado en el caso de Richard y Josefa, este dictamen es de obligado cumplimiento ya que España es signataria del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Pero el comité DESC no es un tribunal. "Ante estos incumplimientos vergonzosos, flagrantes y sin excusas, la vía es acudir de nuevo a los tribunales para que un juez, mediante sentencia, obligue al Estado a cumplir con un tratado internacional que el propio Estado firmó, aceptando someterse a él".
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