Los casos presentados en Luxemburgo tardan una media de cuatro años en resolverse. Se estima que las indemnizaciones a los afectados por dichos retrasos pueden suponer alrededor de 30 millones de euros a las arcas de la Unión Europea. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoce que no puede atender las necesidades que se plantean y reclama más recursos y un aumento del número de jueces de forma inmediata.
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