Los responsables de la organización criminal costeaban el billete de las mujeres, "vulnerables por su situación económica", y los trámites necesarios para ello. Una vez en España eran informadas de la "deuda contraída" con la organización, que llegaba a superar los 3.000 euros "en concepto de gestiones para su traslado", por lo que les retiraban el pasaporte y creaban "una dependencia total" con sus captores. Desde ese momento, las víctimas estaban en un régimen de "vigilancia permanente" y eran acompañadas por alguien del grupo cuando salían
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