El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dictado sentencias de condena a la política penitenciaria del gobierno español, quien con absoluta arrogancia y el apoyo de los medios de comunicación de la derecha y extrema derecha se pavonea del incumplimiento de las mismas, a pesar de que esa posición contradice el art. 10.2 de una Constitución de la que se declaran los máximos defensores.
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