Si habitualmente es notoria la falta de protección de las personas trabajadoras, lo que se hace desde los poderes públicos con este colectivo no tiene nombre. Trabajan en condiciones especialmente vulnerables y gozan de menor protección que la mayor parte de los colectivos. Por ejemplo cabe destacar que no tienen derecho a prestación por desempleo, el despido improcedente es un 40% más barato que el de cualquier otro trabajador y hay un tipo de despido especial, el desistimiento, que es especialmente libre y especialmente barato.
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