En virtud de las recientes leyes sobre el derecho al olvido digital la Universidad de Alicante ha tenido que acceder a la petición del hijo de un alférez del ejército franquista, que ejerció de secretario judicial en uno de los consejos militares que condenaron a muerte al poeta Miguel Hernández, para borrar el nombre de su padre de sus publicaciones digitales en las que se le relaciona con el hecho. La trascendencia de la medida, de sentar precedente, puede ser enorme para los historiadores.
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