La Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE) presentó hace unas semanas una queja formal ante el Defensor del Pueblo pidiendo que recurriera al Constitucional la nueva LOPD por considerarla inconstitucional. Aprobada el pasado noviembre en el Senado, permite algo inédito en la democracia española: recopilar "datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas" y enviar "propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería".
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