Ecologistas, sindicatos, consumidores, pymes y expertos en Derecho lamentan el contenido del decreto-ley, convalidado en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz el pasado 2 de abril, que modifica 27 normas y reduce controles en sectores tan sensibles como urbanismo, turismo, medio ambiente, comercios y medios de comunicación públicos.
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