El gobierno tendrá la capacidad de interferir en «cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.» Es decir, bloquear páginas web o suspender comunicaciones.Realmente, hablaríamos de un estado de excepción digital, una herramienta cuya finalidad sería la preservación de la voluntad democrática. No serían censurados los llamamientos civiles pacifistas, sino aquellos que implicaran acciones violentas.
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