Una sentencia en la que el Tribunal omite los criterios a seguir para desvirtuar la presunción de inocencia además de darle al denunciante, quien ostenta la condición de agente de policía, una presunción de veracidad en su testimonio cuando dicha presunción por parte de la policía no existe en derecho penal, sino sólo en el derecho administrativo y, aun en este ámbito, debe tenerse en cuenta siempre la máxima de la presunción de inocencia.
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