Más allá de debates jurídicos, que se acabarán dilucidando probablemente en los juzgados, la Asociación pone el foco en el trasfondo político. Cree que estamos ante un cambio que busca "abrir de par en par las puertas del sector privado, con el único objetivo de atender las demandas de las empresas sanitarias, que quieren seguir consiguiendo profesionales del sector público a bajo precio.Es una norma estatal de los años 80 que cada autonomía aplica a sus trabajadores usando reglamentos de flexibilidad variable.
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