El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) fue el primero en advertirlo: las cifras de fallecidos por coronavirus que se están facilitando como oficiales distan mucho del número de certificados de defunción que están dictando los registros civiles. En esta comunidad, el Ministerio de Sanidad contabilizó 965 muertos por Covid-19 el pasado marzo, mientras que las licencias de enterramiento concedidas en el mismo periodo ascienden a 3.319.
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