La denuncia por la alteración del Plan General de Ordenación Urbana se produjo en 2008 y el proceso judicial se ha demorado una década. Lo aprobado en el Pleno no coincidía con lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia: se habían manipulado planos para beneficiar a promotores. Había 88 artículos y cinco planos que cambiaban edificabilidades, calificaciones, normativa… y siempre en beneficio de constructores y promotores, la mayoría conectados entre sí a través de diferentes sociedades mercantiles.
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