En la práctica, el cupo se convierte en el resultado de un chanchullo entre los dirigentes vascos y el Partido Popular: a cambio del apoyo de los diputados vascos al sostenimiento del Gobierno central, este acepta una cuantificación del cupo abiertamente infravalorada. O lo que es idéntico: los ciudadanos vascos no abonan la totalidad del coste de los servicios públicos que reciben del Gobierno central y, en consecuencia, los contribuyentes del resto de España terminan subvencionando netamente la actividad de las haciendas forales vascas.
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