Matar un animal protegido en España constituye un delito con un coste muy diferente según la comunidad autónoma donde se produzca. Si alguien acaba con la vida de un lince ibérico en Andalucía, la compensación económica por responsabilidad civil contemplada en la normativa autonómica es de 60.000 euros, pero si esto ocurre en Castilla-La Mancha o Extremadura esta cantidad sube a 90.000 euros
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